El Concejo Municipal de Tucson, Arizona, debate una ordenanza para restringir el uso de propiedades públicas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La propuesta, impulsada por la vicealcaldesa Lane Santa Cruz, surge como respuesta a las preocupaciones de los vecinos sobre derechos civiles. La iniciativa no impide la aplicación de leyes federales, pero establece que ICE solo podrá operar con autorización del Concejo.
Santa Cruz enfatizó que la medida busca proteger a las comunidades de prácticas de perfil racial. Aunque podría generar tensiones con el estado, la vicealcaldesa defensa la importancia de regular lo que sucede dentro de la jurisdicción municipal. La iniciativa se discute en un contexto donde la política migratoria impacta la economía y la seguridad de Tucson.
