Un juez del Tribunal Superior del Condado de Maricopa ha confirmado la constitucionalidad de una ley de Arizona diseñada para ayudar a las ciudades medianas a atraer grandes proyectos de sedes internacionales, lo que supone una victoria para los grupos empresariales estatales y los defensores del desarrollo económico.
El proyecto de ley del Senado 1543 fue aprobado en 2025 en medio del debate en torno a la propuesta de expansión de la sede central de Axon Enterprise en Scottsdale, que incluía planes para viviendas, hoteles, restaurantes y otros desarrollos comerciales alrededor del campus corporativo de la empresa.
Los partidarios argumentaron que la medida ayudaría a Arizona a competir por importantes inversiones de sedes corporativas e internacionales, al brindar a las ciudades que cumplieran con los requisitos mayor flexibilidad para el desarrollo de grandes campus de uso mixto. Los críticos, por su parte, argumentaron que el proyecto de ley equivalía a una “legislación especial” inconstitucional, diseñada específicamente para el proyecto de Axon.
TAAAZE, un comité de acción política con sede en Scottsdale, presentó una demanda argumentando que la ley otorgaba indebidamente un trato especial a ciertos proyectos urbanísticos y, en la práctica, eludía los esfuerzos de referéndum local.
En un fallo emitido a finales de la semana pasada, el juez Michael Herrod rechazó esas alegaciones, al considerar que la medida cumple un propósito más amplio de desarrollo económico estatal al ayudar a atraer importantes inversiones de sedes internacionales a Arizona.
“El problema estatal que aborda el artículo 9-461.19 de los Estatutos Revisados de Arizona (ARS) es la atracción de sedes internacionales”, afirma el fallo. “La legislatura ha determinado que, para solucionar este problema, las ciudades de tamaño medio son candidatas idóneas para atraer dichas sedes”.
El tribunal concluyó además que, dado que la ley podría aplicarse a otras ciudades y proyectos que cumplan los requisitos en el futuro, no se trata de una ley especial.
La Cámara de Comercio e Industria de Arizona, que presentó un escrito de amicus curiae en el caso, afirmó que la decisión refuerza la capacidad del estado para competir por las principales empresas y la inversión a largo plazo.
“Este fallo va mucho más allá de un solo proyecto”, declaró Danny Seiden, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona. “El crecimiento económico de Arizona depende de nuestra capacidad para competir por las grandes empresas, atraer empleos bien remunerados y crear un entorno donde las empresas puedan invertir con confianza. El tribunal reconoció que la Legislatura tiene la autoridad para implementar políticas que apoyen el desarrollo económico estatal y la competitividad a largo plazo”.
Mike Bailey, asesor jurídico general de la Cámara de Comercio y director de programas de reforma legal, afirmó que el fallo debería aportar mayor claridad sobre el papel de la Legislatura en materia de zonificación y política de desarrollo económico.
“El tribunal ratificó un principio jurídico importante: la autoridad en materia de zonificación emana en última instancia del estado, y la Legislatura tiene amplia discreción para abordar asuntos de interés estatal”, declaró Bailey. “La decisión también refuerza la idea de que las leyes destinadas a fomentar el desarrollo económico no son inconstitucionales simplemente porque inicialmente se apliquen a un número limitado de jurisdicciones o proyectos”.
