La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) prepara una denuncia penal en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bajo la acusación de comisión de un delito de “gestión desleal”. La acción judicial, fundamentada en el artículo 158 del Código Penal suizo, responde al polémico y ya cancelado plan de Infantino de vender una participación de los derechos comerciales de las Copas del Mundo a inversores privados a través de una filial secreta.
Para consolidar la acusación ante la justicia suiza, el organismo europeo recurrió a cortes federales de Estados Unidos en Manhattan y Florida. Mediante la figura legal Section 1782, que permite exigir pruebas en suelo estadounidense para litigios internacionales, la UEFA ha solicitado formalmente acceso a documentos y comunicaciones de las sedes de la FIFA en Coral Gables y de la firma de inversión neoyorquina Thrive Capital Management.
De acuerdo con el documento legal de 60 páginas redactado por los asesores de la UEFA, el proyecto pretendía transferir los eventos comerciales de los Mundiales (masculino, femenino y de clubes) a una nueva entidad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). El fondo estadounidense Thrive Capital, liderado por Joshua Kushner, fungiría como inversor principal pagando 4,200 millones de dólares por el 20% de participación en una filial valorada internamente en 20,000 millones.
Los abogados de la UEFA argumentan que dicha cifra corresponde a un “precio fraudulento y ajeno a las condiciones de mercado”, promovido presuntamente para beneficio personal de Infantino y su círculo íntimo. Además, la demanda expone que la iniciativa se diseñó en estricto secreto, puenteando deliberadamente al Consejo de la FIFA y a las confederaciones regionales.
El proyecto detonó una crisis política sin precedentes en el fútbol global. El pasado 30 de julio, las 55 asociaciones de la UEFA amenazaron formalmente con boicotear las Copas del Mundo si se avanzaba en la privatización de los torneos. Ante la presión unánime del fútbol europeo, Infantino se vio obligado a retirar el plan el 1 de agosto. Aunque la UEFA levantó la amenaza de boicot tras recibir garantías de que el Mundial no se privatizará, ha decidido mantener la vía penal en Suiza, la cual contempla penas de hasta cinco años de prisión.
