Un gran jurado federal en Tucson, Arizona, emitió una acusación formal de 19 cargos el 10 de noviembre de 2022 contra 10 residentes actuales o anteriores del sur de Arizona luego de una investigación de varias agencias que incluye Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Departamento de Seguridad Pública de Arizona, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de EE. UU. La investigación sigue en curso.
Los actualmente nombrados en la acusación son:
Alberto Gabriel Aranda-Ramón, 31, de Tucson, Arizona
Michele Oller, 54, de Tucson, Arizona
Larry William Nelson, Jr., 51, de Tucson, Arizona
Ashley Yvonne Maxwell, 35, de Tucson, Arizona
Leah Jean Holmes, 28, de Tucson, Arizona
Alexander Anthony Ruiz, 34, de Tucson, Arizona
Aranda-Ramon, Oller, Nelson, Maxwell y Holmes fueron acusados de cargos de conspiración para distribuir drogas y distribución de drogas. Ruiz fue acusado de los cargos de conspiración para distribuir drogas, conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Los nombres de los cuatro acusados restantes están actualmente sellados por orden judicial.
La acusación formal alega que, a partir de septiembre de 2021, los 10 acusados participaron en una conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de fentanilo y 50 gramos o más de metanfetamina, o 500 gramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de metanfetamina. La acusación formal alega además que los 10 acusados, excepto Ruiz, se dedicaron a la distribución de drogas. Finalmente, la acusación formal alega que Ruiz también estuvo involucrado en una conspiración para lavar instrumentos monetarios y que se involucró en lavado de dinero.
Tres personas más con presuntos vínculos con la conspiración para distribuir drogas descrita anteriormente fueron arrestadas en una operación policial de varias agencias el 7 de diciembre de 2022 en Tucson, Arizona. Están:
Andrew Grijalva, 19, de Las Vegas, Nevada
Rodrigo López-Lozoya, 36, de México
Jesús Ramón Lozoya-Portillo, 41, de México
El 8 de diciembre de 2022, el juez magistrado estadounidense Eric J. Markovich autorizó una denuncia acusando a Grijalva, López-Lozoya y Lozoya-Portillo de tráfico de drogas (22-MJ-00777-N/A-LCK).
La denuncia alega que, a partir de septiembre de 2021, Grijalva, López-Lozoya y Lozoya-Portillo conspiraron para distribuir 50 gramos o más de metanfetamina, o 500 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de metanfetamina.
Una condena por conspiración para distribuir fentanilo y metanfetamina, como se acusa en la acusación, conlleva una pena máxima de cadena perpetua, una multa de $10,000,000, o ambas, y hasta una supervisión posterior a la condena de por vida. Una condena por conspiración para distribuir metanfetamina, como se alega en la denuncia, conlleva una pena máxima de cadena perpetua, una multa de $10,000,000, o ambas, y hasta una supervisión posterior a la condena de por vida. Una condena por Conspiración para Lavar Instrumentos Monetarios, según se acusa en la acusación, conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor de los bienes involucrados en la transacción, lo que sea mayor, o ambas penas de prisión y una multa y hasta tres años de supervisión posterior a la condena.
Una acusación y una denuncia son simplemente métodos mediante los cuales se acusa a una persona de actividad delictiva y no se infiere culpabilidad. Se presume que un individuo es inocente hasta que se presente evidencia a un jurado que establezca la culpabilidad más allá de una duda razonable.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Arizona, Tucson, está a cargo de la acusación.
HSI es una dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU. y el principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), responsable de investigar amenazas y delitos transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global a través de la cual el comercio internacional, viajes y mudanzas financieras. La fuerza laboral de HSI de más de 10,400 empleados consta de más de 6,800 agentes especiales asignados a 225 ciudades en los Estados Unidos y 93 ubicaciones en el extranjero en 56 países. La presencia internacional de HSI representa la presencia policial de investigación más grande del DHS en el extranjero y una de las huellas internacionales más grandes en la aplicación de la ley de EE. UU.
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