El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado formalmente al Gobierno de Estados Unidos de ejecutar una estrategia de “máxima presión” económica con el único objetivo de provocar un “estallido social” y forzar un cambio de régimen en la isla. El canciller cubano denunció que Washington ataca deliberadamente las principales fuentes de ingresos del país para asfixiar la economía nacional.
Según la denuncia de la cancillería de La Habana, la administración del presidente estadounidense Donald Trump busca mermar de manera sistemática la capacidad del Gobierno cubano para proveer bienes y servicios básicos a su población. El jefe de la diplomacia cubana detalló la imposición de 24 multas a entidades bancarias, aseguradoras, tecnológicas y de transporte de terceros países, acumulando penalizaciones superiores a los 4,014 millones de dólares por supuestas violaciones del bloqueo comercial y financiero.
Estas declaraciones se producen en un contexto de extrema fragilidad para Cuba, que atraviesa su momento de mayor tensión con Washington debido al severo embargo energético implementado por la Casa Blanca. La paralización casi total del suministro de combustible extranjero ha colapsado el sistema electroenergético de la isla, provocando apagones crónicos de hasta 20 horas diarias, la interrupción del transporte público y un desabastecimiento crítico de alimentos y medicinas. Esta precaria realidad ha derivado en protestas pacíficas y cacerolazos nocturnos en diversas localidades del territorio cubano.
Por su parte, Rodríguez afirmó que las sanciones financieras son una extensión directa de las medidas de presión estadounidenses, incluyendo los vetos que impiden a firmas como Fincimex procesar remesas familiares. Mientras el Ejecutivo cubano cataloga estas restricciones de “guerra económica” y agresión contra el bienestar social, las autoridades estadounidenses defienden la continuidad de su política como un mecanismo de presión frente al historial del gobierno de la isla.
