El fiscal general de Arizona, Kris Mayes, se opone al acuerdo energético que forma parte del propuesto centro de datos del Proyecto Azul.
Mayes presentó una apelación en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa impugnando la aprobación por parte de la Comisión de Corporaciones de Arizona de un acuerdo energético especial entre Tucson Electric Power y Beale Infrastructure.
La preocupación, según Mayes, es una disposición del acuerdo que permite a TEP y a Beale establecer entre ellos las tarifas de electricidad.
El Fiscal General argumenta que esto viola la Constitución de Arizona.
“La Comisión de Corporaciones de Arizona no puede ceder la autoridad constitucional que los arizonenses le han confiado”, declaró el Fiscal General Mayes. “La Comisión no tiene la facultad de permitir que una empresa de servicios públicos y un operador de centro de datos acuerden discretamente fijar sus propias tarifas, excluir al público del proceso y dar por terminado el asunto. Si permitimos eso, les estamos diciendo a todos los grandes clientes de energía en Arizona que pueden negociar tarifas ventajosas al margen de la supervisión pública, y los arizonenses comunes tendrán que pagar la cuenta”.
La apelación sigue a la votación de la Comisión en diciembre de 2025 para aprobar el acuerdo y su posterior denegación de la solicitud de reconsideración del Fiscal General.
El Estado quiere que el tribunal anule la decisión de la Comisión y la devuelva con instrucciones de eliminar la disposición.
