A pesar de haber sido rechazado por el alcalde y el consejo de Tucson, los partidarios del propuesto centro de datos Proyecto Azul siguen adelante, después de presentar el lunes un acuerdo de suministro de energía con la Comisión de Corporaciones de Arizona, el regulador de servicios públicos del estado.
El acuerdo establece que el cliente, Beale Infrastructure, comenzará a prestar el servicio en 2027 y que se espera que TEP proporcione 286 megavatios de capacidad para mayo de 2028.
“Podríamos proporcionarlo utilizando recursos existentes u otros productos de energía limpia, proyectos que se encuentran en desarrollo actualmente”, dijo Joe Barrios, portavoz de TEP. “No hay incentivos financieros ni descuentos, lo que garantiza que los clientes residenciales y otros clientes minoristas no estén subsidiando el proyecto”.
Barrios dijo que cuando se presentó el acuerdo el lunes, el proveedor de servicios públicos notificó a los líderes de la ciudad y el condado.
A principios de esta semana, el supervisor del condado, Andrés Cano, recurrió a las redes sociales y acusó a Beale de colusión corporativa con TEP.
“No creo que las acciones tomadas por Amazon y por TEP sean consistentes con lo que el público ha pedido, que es que esta propuesta no vea la luz”, dijo Cano.
Cano señaló que fue notificado del acuerdo vía mensaje de texto y califica la última presentación como una bofetada al proceso público.
“Estoy increíblemente decepcionado y por la falta de transparencia desde el inicio del Proyecto Azul en nuestra comunidad, siento que hasta el día de hoy han quedado preguntas sin respuesta sobre el impacto en nuestra región, en nuestros recursos hídricos, nuestra red energética y en la creación de empleo”, dijo Cano.
No está claro de dónde provendrá la fuente de agua para el proyecto después de que el alcalde y el consejo de Tucson bloquearon el avance del proyecto.
Cano dijo que ha solicitado más información y que el asunto se discutirá en una próxima reunión de la Junta de Supervisores.
Los funcionarios de TEP dijeron que si bien el Ayuntamiento de Tucson se negó a anexar la propiedad a los límites de la ciudad, el desarrollador del proyecto está buscando servicio eléctrico en terrenos del condado.
“Como entidad regulada, TEP tiene la obligación de atender a los clientes en esta área, por lo que desarrollamos un acuerdo que nos permitiría hacerlo protegiendo al mismo tiempo a nuestros clientes actuales de cualquier impacto negativo”, afirmó TEP en un comunicado.
Los reguladores de servicios públicos del estado ahora revisarán el acuerdo disponible públicamente que establece que el campus del centro de datos en desarrollo está en una parcela de 290 acres ubicada en el condado de Pima en una venta aprobada por la Junta de Supervisores del Condado en junio.
En la reunión de supervisores del 17 de junio, el supervisor Steve Christy preguntó qué sucedería si la anexión no era aprobada por el alcalde de Tucson y el consejo a lo que el representante de Beale, Logan Craig, dijo: “La anexión es una condición precedente para el cierre, si esa anexión no ocurre, no cerraremos el terreno según el contrato, por lo que seguirá siendo propiedad del condado”.
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