Alegando falta de transparencia, el Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, está impugnando la decisión de la Comisión de Corporaciones de Arizona del 10 de diciembre de 2025 de autorizar el acuerdo de energía privada de Tucson Electric Power (TEP) con Humprey’s Peak Power LLC. y su afiliada Beale Infrastructure Group para alimentar un complejo de centros de datos a hiperescala conocido como Proyecto Azul.
“El vacío legal creado para que los desarrolladores de este centro de datos fijen secretamente las tarifas de electricidad a puerta cerrada y al margen del proceso público es nuevo, inusual y una peligrosa fórmula para aumentos masivos de precios para los consumidores de Arizona”, declaró la Fiscal General Mayes. “Por eso mi oficina está interviniendo”.
El Fiscal General Mayes afirma que una revisión exhaustiva del acuerdo de energía privada de TEP para el Proyecto Azul por parte de la Comisión podría haber eliminado una falla clave: una disposición que permite a TEP y al cliente del centro de datos establecer sus propias tarifas de electricidad sin la supervisión de la Comisión. El Acuerdo no especifica claramente si dichas desviaciones de la tarifa aprobada estarían sujetas a la revisión o aprobación de la Comisión. El Artículo 15, Sección 3, de la Constitución de Arizona otorga a la Comisión plenas facultades para tomar decisiones sobre la fijación de tarifas, y estas no pueden delegarse en entidades privadas.
“Al aprobar un acuerdo que permite a una empresa de servicios públicos y a un cliente ‘elegir su propia tarifa’, la Comisión abdicó de su autoridad constitucional y estatutaria y de su deber de proteger a los contribuyentes”, dijo el Fiscal General Mayes.
La aprobación de la Comisión se realizó sin conocer el impacto total para los clientes, ya que requerirá nueva capacidad de generación cuyos costos se repercutirán en los contribuyentes. Para 2028, TEP estima que proporcionará 286 megavatios al proyecto, la misma energía necesaria para refrigerar aproximadamente 57,000 hogares.
La presentación del Procurador General solicita que la Comisión programe una audiencia probatoria completa y otorgue intervención al Estado de Arizona y a la Ciudad de Tucson, con plenos derechos procesales, incluido el descubrimiento previo a la audiencia, la presentación de evidencia oral y escrita, el interrogatorio de testigos bajo juramento y la capacidad de citar a testigos.
“El público merece transparencia y rendición de cuentas cuando las empresas de servicios públicos celebran acuerdos sin precedentes que pueden afectar las tarifas eléctricas y la confiabilidad de la red en todo Arizona”, declaró el Fiscal General Mayes. “La Comisión debe garantizar que sus decisiones se basen en un registro completo y se tomen en beneficio del interés público”.
La decisión del ACC llega en un momento en que los centros de datos de hiperescala siguen innovando en Arizona. Mientras que los centros de datos tradicionales suelen satisfacer las necesidades específicas de TI de una organización, los centros de datos de hiperescala son operaciones masivas de alta densidad basadas en el rendimiento, optimizadas para gestionar potencialmente a millones de usuarios finales.
