La congresista demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, solicitó formalmente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) retrasar todos los procedimientos de deportación de los migrantes retenidos en las instalaciones del estado que se encuentran bajo cuarentena debido a un brote de sarampión.
La legisladora señaló que la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa obstaculiza el debido proceso, impidiendo que los afectados tengan acceso oportuno a asesoría legal y recursos judiciales.
Hacinamiento y brote sanitario en Florence
La alerta escaló tras confirmarse múltiples contagios en el Centro de Procesamiento de Servicio de Florence. El equipo de la legisladora vinculó esta emergencia sanitaria de forma directa con la agenda migratoria de la administración federal, denunciando que las políticas de expulsión masiva han generado niveles críticos de hacinamiento en los espacios de detención:
- El origen de la crisis: De acuerdo con datos oficiales de salud, el estado acumula 108 casos de sarampión en lo que va del año, localizándose una parte considerable de los contagios en el condado de Pinal, epicentro de los complejos penitenciarios de ICE.
- Rechazo a las posturas oficiales: Grijalva calificó como una “falta de realidad” las declaraciones de las autoridades migratorias, quienes defendieron las condiciones de los centros bajo el argumento de que brindan la mejor atención médica disponible.
- Bloqueo a la supervisión: Congresistas aliadas reportaron que las medidas de aislamiento e inmunización impuestas por la agencia civil están siendo utilizadas como justificación administrativa para restringir el acceso a comisiones externas de supervisión parlamentaria y de derechos humanos.
El caso que impulsó la petición
La intervención de la oficina de Grijalva cobró relevancia a raíz del caso de Vlad, un solicitante de asilo de origen ruso de 23 años que fue arrestado en la ciudad de Tucson. El joven, cuya orden de expulsión está programada para finales de julio, contrajo la enfermedad dentro del centro de Florence y permanece aislado en el área médica.
Activistas y defensores legales advierten que ejecutar la deportación de Vlad representa un peligro extremo, ya que de ser devuelto a su país de origen enfrenta el riesgo inminente de ser reclutado forzosamente para combatir en la guerra de Ucrania.
