David Oancea, un ciudadano estadounidense afectado, confió en Cabo Platinum para la supervisión y administración de su propiedad en Los Cabos.
La comunidad empresarial de Los Cabos está en el centro de un escándalo tras la acusación de fraude multimillonario que pesa sobre Danette Lynn Reid y Mishan Andre, propietarios de la empresa Cabo Platinum. Las autoridades los investigan por presuntos delitos de malversación de fondos, mezcla indebida de cuentas, falsificación de documentación financiera y omisión en la declaración de ingresos, entre otros cargos que podrían sumar hasta seis millones de dólares en pérdidas.
Investigación y medidas tomadas por autoridades locales
Skyler Schroeder y Javier Arregui, socios de Reid y Andre, también están bajo la lupa de las autoridades, quienes analizan su posible participación en este complejo caso. La Dirección de Turismo de Los Cabos ha intervenido en defensa de un ciudadano estadounidense que alega haber sido víctima de este esquema fraudulento. A su vez, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha clausurado las oficinas de Cabo Platinum, subrayando la seriedad de las acusaciones que enfrentan estos empresarios.
Relación de confianza quebrantada
David Oancea, un ciudadano estadounidense, confió a Cabo Platinum la supervisión y administración de su propiedad en Los Cabos. Sin embargo, en abril de este año, Oancea decidió romper relaciones con la empresa luego de que ésta se negara a proporcionarle los recibos correspondientes a los millones de dólares que, según él, fueron sustraídos de su cuenta de propietario. La empresa argumentó que no podía emitir dichos recibos debido a supuestas irregularidades en la declaración de sus impuestos anuales.
Oancea también sostiene que Cabo Platinum no demostró tener cuentas bancarias separadas para cada uno de los propietarios, lo que derivó en la mezcla ilegal de múltiples cuentas en una sola cuenta bancaria en Estados Unidos. Esta cuenta, presuntamente, fue utilizada para beneficio personal de los acusados, quienes habrían empleado los fondos para financiar un estilo de vida de lujo, incluyendo viajes por todo el mundo.
Amenazas y medidas judiciales
Lejos de aclarar la situación, Reid y Andre habrían intensificado el conflicto al irrumpir en la residencia de Oancea y amenazarlo con grabaciones de voz, insinuando que podría ser extraditado de México si continuaba exponiendo el supuesto fraude. Como resultado de estas acciones, un juez local emitió una orden de restricción en su contra.
En respuesta a las amenazas, Oancea declaró: «No tengo miedo de estos individuos. Creen que pueden intimidarme y expulsarme de este país después de robarme, pero voy a luchar por mis principios, valores y por justicia para todos».
Litigios en Estados Unidos y México
El caso ha traspasado fronteras, ya que actualmente existe un litigio en Estados Unidos por casi cinco millones de dólares, en el que Cabo Platinum ha sido acusado de presentar documentos falsos con la intención de engañar al juez. Según las denuncias, los acusados habrían tratado de evitar a toda costa un proceso legal en México, donde presuntamente se llevaron a cabo los fraudes más graves.
Apoyo institucional y seguimiento del caso
David Oancea ha expresado su agradecimiento público a Donna Lauren Jeffries Álvarez, directora de Turismo de Los Cabos, y al consejero de Derechos Humanos de la misma localidad, por su apoyo durante este proceso. El desenlace de este caso, tanto en México como en Estados Unidos, será seguido de cerca, mientras las autoridades continúan con sus investigaciones.
Traducción del artículo al inglés / English tranalation:
«Gringos» defraud American citizen of millions in Los Cabos
David Oancea, an affected U.S. citizen, trusted Cabo Platinum to supervise and manage his property in Los Cabos
Los Cabos, Baja California Sur. – Danette Lynn Reid and Mishan Andre, owners of the Cabo Platinum company, are under the scrutiny of authorities after being accused of an alleged fraud that could amount to six million dollars. The charges include embezzlement, improper commingling of accounts, submission of false financial documentation and failure to report income, among other charges. Partners Skyler Schroeder and Javier Arregui are also being investigated as part of the case.
The Los Cabos Tourism Board has intervened on behalf of a U.S. citizen who claims to have been a victim of this fraud, while the Federal Consumer Protection Agency (Profeco) has already placed closure seals on Cabo Platinum’s offices, pointing out the seriousness of the situation.
David Oancea, an affected U.S. citizen, trusted Cabo Platinum to supervise and manage his property in Los Cabos. However, in April of this year, Oancea decided to terminate his relationship with the company after it refused to provide him with receipts for the millions of dollars he claimed were taken from his owner’s account. Cabo Platinum reportedly argued that they could not provide such receipts because they did not properly file their annual taxes. In addition, Oancea alleges that the company failed to demonstrate that it had separate bank accounts for each of the owners, resulting in the illegal commingling of multiple accounts into a single U.S. bank account, which was used for the personal benefit of the defendants.
Far from clearing up the situation, Reid and Andre allegedly used the owners’ money to fund a lavish lifestyle, including worldwide travel. A local judge subsequently issued a restraining order against them after, according to Oancea, the two broke into his home and threatened him with voice recordings, suggesting that he could be extradited from Mexico if he continued to talk about the alleged fraud.
In response to these threats, Oancea stated, “I am not afraid of these individuals. They think they can intimidate me and kick me out of this country after stealing from me, but I am going to fight for my principles, values and justice for all.”
The case has also crossed borders, as there is currently a lawsuit in the United States for almost five million dollars, in which Cabo Platinum has been accused of providing false documents with the intention of deceiving the judge. The defendants have allegedly tried to avoid at all costs a legal process in Mexico, where the most serious frauds were allegedly carried out.
Finally, Oancea publicly thanked Donna Jeffries, director of Tourism of Los Cabos, and the Human Rights Counselor for their support in this process. The outcome of this case, both in Mexico and in the United States, will be closely monitored as authorities continue their investigations.
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