Al ordenar al ejército estadounidense que atacara letalmente y sin proceso legal a un grupo de personas a bordo de lo que dijo que era una embarcación de contrabando de drogas, el presidente Donald Trump utilizó al ejército de un modo que no tenía precedentes ni fundamentos jurídicos claros, según especialistas en las leyes de la guerra y el poder ejecutivo.
Trump se está adjudicando el poder de traspasar las actividades marítimas antidroga de las normas policiales a las normas de guerra. La policía detiene a sospechosos de delitos para enjuiciarlos y no puede simplemente limitarse a abatirlos, salvo en circunstancias inusuales en que signifiquen una amenaza inminente para alguien.
En cambio, en los conflictos armados, los soldados pueden matar legalmente a combatientes enemigos en el acto.
Como matar personas es tan extremo —y hacerlo sin el debido proceso entraña el riesgo de matar a las personas equivocadas por error—, la cuestión de qué normas se aplican no es simplemente una cuestión de elección de políticas. Tanto el derecho nacional como el internacional establecen normas que limitan cuándo los presidentes y las naciones pueden utilizar de manera legítima la fuerza en tiempo de guerra.
Tras abrir nuevos caminos al calificar de “terroristas” a los cárteles de la droga, el presidente ha redefinido el problema criminal del narcotráfico en tiempos de paz como un conflicto armado, y ha ordenado al ejército estadounidense que trate como combatientes incluso a los presuntos narcotraficantes de bajo nivel.
Pero el tráfico de un producto de consumo ilegal no es un delito capital y el Congreso estadounidense no ha autorizado un conflicto armado contra los cárteles.
Esto plantea la cuestión de si Trump tiene autoridad legítima para ordenar al ejército que realice ejecuciones sumarias contra personas de las que sospecha que trafican con drogas y si acaso el gobierno permitió a los abogados militares de carrera opinar al respecto.
“Es difícil imaginar cómo los abogados del Pentágono podrían haber llegado a la conclusión de que esto era legal y no la definición misma de asesinato según las normas del derecho internacional que el Departamento de Defensa acepta desde hace tiempo”, dijo Ryan Goodman, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, quien trabajó como abogado del Pentágono en 2015 y 2016.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, subrayó en un comunicado del miércoles por la noche que el ataque tuvo lugar en aguas internacionales y no puso en peligro a los soldados estadounidenses. Dijo que Trump había ordenado el ataque en “defensa de los intereses nacionales vitales de Estados Unidos y en defensa propia colectiva de otras naciones que llevan mucho tiempo sufriendo debido a las actividades de narcotráfico y de los cárteles violentos de dichas organizaciones”.
“El ataque fue plenamente coherente con el derecho de los conflictos armados”, dijo Kelly.
No respondió a preguntas complementarias, como si otros países le han pedido a Estados Unidos que utilice fuerza militar letal para ayudar a defenderlos del narcotráfico.
La guerra global contra Al Qaeda y su progenie ha planteado cuestiones jurídicas novedosas, como cuándo puede Estados Unidos utilizar ataques aéreos contra sospechosos de terrorismo —incluido un ciudadano estadounidense— que operan desde zonas sin ley donde no se les puede detener, como las zonas rurales de Yemen y Somalia.
Pero incluso los exfuncionarios que autorizaron los controvertidos ataques antiterroristas con drones expresaron su escepticismo sobre lo que estaba haciendo el gobierno de Trump.
Jeh Johnson, quien fue consejero general del Pentágono y secretario de Seguridad Nacional en el gobierno de Barack Obama, señaló que el Congreso no había autorizado el uso de la fuerza contra los cárteles, y que la Guardia Costera y la Marina llevaban mucho tiempo interceptando embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas.
“Aquí el presidente parece estar invocando su amorfa autoridad constitucional para matar a distribuidores de droga de bajo nivel en alta mar, sin garantías procesales, detención ni juicio”, dijo, y añadió: “Visto de forma aislada, calificar a los cárteles de la droga de ‘terroristas’ e invocar los ‘intereses nacionales’ para utilizar al ejército estadounidense para matar sumariamente a distribuidores de droga de bajo nivel es bastante extremo”.
El ataque ha intensificado el uso del poder militar por parte de Trump en formas que antes se consideraban fuera de los límites.
También ha invocado una ley de deportación en tiempos de guerra contra presuntos miembros de la misma banda venezolana que, según dijo, era el objetivo del ataque al barco. Ha enviado a migrantes a la prisión militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, y ha desplegado soldados federales en las calles de ciudades estadounidenses a pesar de las objeciones de los dirigentes electos locales y estatales.
El martes, un juez federal dictaminó que el gobierno de Trump estaba utilizando ilegalmente a los soldados que había enviado a Los Ángeles para proteger a los agentes de migración de manifestantes. El gobierno ha apelado esa sentencia, y Trump declaró esta semana que tenía intención de ampliar a otras ciudades, como Chicago y Nueva Orleans, el uso de soldados para reprimir la delincuencia en Washington.
Trump lleva mucho tiempo queriendo no solo hacer un mayor uso del ejército en territorio estadounidense, sino tomar medidas mucho más duras contra los narcotraficantes e incluso ha dicho que deberían ser condenados a muerte.
En su primer mandato, elogió al entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por hacer un “trabajo increíble con el problema de la droga” en la nación, donde el gobierno de Duterte había autorizado el asesinato de presuntos narcotraficantes en las calles.
Duterte fue detenido este año y se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional por su guerra contra las drogas.
A principios de este verano, Trump firmó una orden aún secreta por la que ordenaba al Pentágono que empezara a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas. Tras la primera operación de este tipo llevada a cabo esta semana, él y dos altos cargos del gobierno —el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional— prometieron seguir haciéndolo.
Una serie de cuestiones que plantea esta política se centra en los hechos. Utilizar la fuerza letal como primer recurso significa depender de los servicios de inteligencia para determinar si las personas son, de hecho, narcotraficantes. La guerra antiterrorista con drones ha sido acechada por las consecuencias de los errores en los que el ejército o la CIA mataron a personas inocentes que creyeron erróneamente que eran terroristas.
Muchos detalles sobre el ataque del martes siguen sin estar claros. El gobierno ha afirmado que la embarcación se encontraba en aguas internacionales y transportaba a 11 miembros de la banda Tren de Aragua y un cargamento de drogas. No ha dicho con precisión dónde tuvo lugar el ataque ni si el barco enarbolaba la bandera de algún país. Si tiene conocimiento de los nombres de los fallecidos, tampoco los ha hecho públicos.
Hegseth insistió el miércoles en que el gobierno “sabía exactamente quiénes” eran y “exactamente lo que hacían”. Y Trump dijo que “tenemos grabaciones de ellos hablando”.
Pero hay motivos para la cautela.
Trump ha afirmado que el gobierno de Venezuela controla el Tren de Aragua, aunque la comunidad de inteligencia estadounidense no cree que eso sea cierto. Trump y Rubio hicieron comentarios contradictorios sobre el destino previsto de la embarcación y los escépticos han expresado sus dudas de que se necesitaran 11 personas para tripular un barco tan pequeño.
Independientemente de quiénes fueran los muertos en este caso concreto, añadió, la historia demuestra que una política de uso de la fuerza contra los contrabandistas de drogas corre el riesgo de provocar desastres basados en una inteligencia defectuosa. Por ejemplo, en un incidente ocurrido en 2001, la CIA informó al gobierno peruano de que un avión traficaba con drogas, y sus fuerzas aéreas lo derribaron, solo para descubrir que en su lugar había matado a misioneros estadounidenses.
También existe un peligroso conjunto de cuestiones jurídicas.
Desde el punto de vista de la legislación nacional, una antigua orden ejecutiva prohíbe los asesinatos, y el Código Uniforme de Justicia Militar prohíbe a los miembros de las fuerzas armadas cometer ejecuciones extrajudiciales. Como cuestión de derecho internacional, el Pentágono ha aceptado que el “homicidio” está prohibido en todas partes, como dice su manual de derecho operacional militar.
Esos límites se aplican en situaciones regidas por la legislación sobre tiempos de paz y derechos humanos, en las que los gobiernos hacen frente a las amenazas utilizando las normas de aplicación de la ley. No restringen el asesinato de un objetivo militar legítimo en un conflicto armado.
La declaración de la Casa Blanca sugiere que esta considera que la operación de esta semana —y cualquier otra similar que se lleve a cabo— está cubierta por las leyes de la guerra. La declaración parece aludir a las opiniones del Departamento de Justicia de que los presidentes tienen autoridad constitucional, sin permiso del Congreso, para ordenar ataques militares limitados en interés nacional.
Pero si se aplican las normas de tiempo de guerra, eso plantea un problema diferente. Es un crimen de guerra que los soldados maten deliberadamente a civiles —incluso criminales— que no participan directamente en las hostilidades.
Por tanto, que Trump esté ordenando a sus soldados que cometan crímenes de guerra depende de si él tiene poder legítimo para redefinir unilateralmente a los traficantes de drogas como combatientes.
Martin Lederman, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown que ayudó a redactar memorandos jurídicos sobre los ataques antiterroristas con drones como funcionario del Departamento de Justicia en el gobierno de Obama, dijo que interpretar la ley en el sentido de que permite a Trump matar a quien no está atacando a Estados Unidos exigiría una ampliación “alarmante” del poder presidencial.
“Aunque fuera cierto que son ‘terroristas’, el presidente no tiene autoridad para ir por ahí matando terroristas en cualquier parte del mundo, y mucho menos para matar a contrabandistas de drogas”, dijo. “Los objetivos de la fuerza letal tendrían que estar en un conflicto armado con nosotros o, de lo contrario, estar amenazando con un uso de la fuerza que justificara la defensa propia”.
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