En un movimiento unánime, el Concejo Municipal de Tucson ha decidido poner el futuro energético de la ciudad en manos de los votantes. El próximo 3 de noviembre, los ciudadanos deberán decidir si aprueban un nuevo contrato de franquicia por 25 años con Tucson Electric Power (TEP), que incluye un compromiso histórico de inversión climática.
Una apuesta de 64 millones de dólares
La pieza central de la negociación, impulsada por la alcaldesa Regina Romero, es el “Acuerdo de Colaboración Energética” (ECA). Bajo este esquema, TEP se compromete a aportar 2 millones de dólares anuales de sus fondos corporativos para financiar el plan de acción climática de la ciudad, Tucson Resilient Together.
Gracias a un incremento anual del 2% estipulado en el contrato, la inversión total ascendería a aproximadamente 64 millones de dólares durante la vigencia del acuerdo. Estos fondos se destinarían a:
- Proyectos de energía limpia y resiliencia ante el calor extremo.
- Creación de empleos “verdes” en la comunidad.
- Infraestructura para combatir el cambio climático sin cargar el costo a las tarifas de los usuarios.
El fantasma de 2023 y la desconfianza ciudadana
Este nuevo intento llega tras el rotundo rechazo de los votantes a una propuesta similar en mayo de 2023. En aquel entonces, la falta de beneficios claros para la comunidad fue el principal motivo del fracaso. Ahora, el liderazgo de la ciudad espera que el enfoque ambiental sea suficiente para convencer al electorado.
Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos. Críticos del acuerdo señalan que, mientras TEP ofrece estos fondos climáticos, simultáneamente presiona ante la Comisión de Corporaciones de Arizona por un aumento en las tarifas de luz que podría incrementar los recibos mensuales de los hogares en un 14%.
Un debate de fondo: ¿Privado o Público?
Mientras la alcaldesa Romero defiende el acuerdo como una “oportunidad única para liderar la transición energética en el desierto”, grupos de activistas locales cuestionan si la ciudad debería seguir ligada a una empresa privada —propiedad de la matriz canadiense Fortis Inc.— o si es momento de explorar un modelo de energía pública.
Con la votación programada para noviembre, los próximos meses serán decisivos para que los líderes municipales demuestren que este “acuerdo verde” es un beneficio real para el bolsillo y el entorno de los residentes de Tucson, y no solo una estrategia de relaciones públicas de la eléctrica.
