Ante una demanda sin precedentes de los distritos escolares por mayor protección, el Superintendente de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, ha solicitado formalmente una ampliación de 40 millones de dólares para el Programa de Seguridad Escolar del estado. La petición busca cerrar la brecha entre los recursos actuales y la necesidad urgente de oficiales armados y personal de salud mental en las aulas.
Una demanda que desborda el presupuesto
El Departamento de Educación de Arizona (ADE) reveló que, durante el reciente periodo de solicitudes para el ciclo escolar 2026-2030, los distritos escolares de todo el estado presentaron requerimientos por un total de 187 millones de dólares. Esta cifra supera por mucho el presupuesto anual actual de 80 millones, evidenciando una crisis de recursos para la protección de los estudiantes.
Con la ampliación solicitada, Horne pretende elevar el fondo anual a 120 millones de dólares, lo que permitiría atender las peticiones de:
- 743 oficiales de policía adicionales (SRO o SSO).
- 801 consejeros o trabajadores sociales para apoyo emocional y prevención.
El dilema de la seguridad: Armas y salud mental
El superintendente Horne fue enfático al advertir que, sin este incremento presupuestario, muchas escuelas que solicitaron nuevos oficiales serán rechazadas, dejando sus campus vulnerables ante posibles intrusiones violentas.
“La seguridad física de nuestros estudiantes no puede estar sujeta a disponibilidad presupuestaria”, señaló Horne en su mensaje a la gobernadora Katie Hobbs y a la legislatura. El modelo promovido por Arizona apuesta por una estrategia dual: presencia de oficiales armados para defensa inmediata y personal especializado en salud mental para identificar riesgos preventivos.
Un salvavidas para distritos en crisis
Actualmente, el programa estatal financia a 498 oficiales y 588 consejeros en más de mil planteles. Sin embargo, ante los recientes recortes presupuestarios que han obligado a varios distritos a eliminar puestos de apoyo, las subvenciones estatales del Programa de Seguridad Escolar se han convertido en el único recurso para mantener la vigilancia y el bienestar estudiantil en gran parte del estado.
La decisión ahora queda en manos de la Legislatura de Arizona, que deberá evaluar esta partida adicional en medio de las negociaciones para el próximo presupuesto estatal.
