A un año exacto de que el Concejo Municipal de Tucson rechazara por unanimidad el polémico megaproyecto de centro de datos “Project Blue”, las autoridades locales aprobaron una nueva y estricta ordenanza para regular este tipo de instalaciones tecnológicas de gran escala. El Concejo Municipal votó 6-1 a favor de implementar los primeros estándares específicos en el código de la ciudad, buscando frenar el impacto ambiental en una región gravemente afectada por la sequía. Sin embargo, la medida se quedó corta frente a la exigencia unánime de los residentes, quienes demandaban un veto total a estas infraestructuras.
El nuevo marco regulatorio en Tucson
La normativa aprobada convierte a los centros de datos en una de las industrias más severamente vigiladas de la ciudad. El nuevo código civil clasifica como “gran escala” a cualquier complejo que supere los 2,300 metros cuadrados (25,000 pies cuadrados) o que demande más de 20 megavatios de potencia, imponiendo las siguientes restricciones:
- Zonificación restrictiva: Las instalaciones deberán ubicarse a más de media milla de zonas residenciales y a un mínimo de 1,000 pies de distritos comerciales u oficinas.
- Control de ruido: Los desarrolladores están obligados a realizar estudios de impacto acústico e instalar barreras de sonido operacionales.
- Transparencia energética y ambiental: Las empresas deberán demostrar que cuentan con un suministro propio y suficiente de agua y energía, además de revelar su combinación de fuentes renovables.
- Mitigación ecológica: Se exigirá la creación de zonas verdes periféricas y la posibilidad de proteger terrenos vulnerables fuera del sitio en una relación de 2 a 1.
¿En qué situación se encuentra Project Blue?
A pesar del rechazo inicial del ayuntamiento en agosto de 2025, el desarrollador de la obra, Beale Infrastructure, ha continuado con la construcción del campus tecnológico de 3.6 mil millones de dólares al trasladar las operaciones a terrenos no incorporados del Condado de Pima (fuera de la jurisdicción directa de la ciudad). Durante este último año, el proyecto ha protagonizado intensas disputas:
- Guerra por el agua: En mayo pasado, el administrador de la ciudad, Tim Thomure, revocó los permisos de un contratista que extraía agua municipal en camiones cisternas para mitigar el polvo de la obra, declarando que Tucson no apoyaría el proyecto con sus recursos hídricos.
- Pozos privados aprobados: Ante el bloqueo de la ciudad, la filial Bobcat Tucson Water LLC obtuvo el aval del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona para perforar dos pozos comerciales de agua subterránea, lo que les permitirá extraer hasta 31 millones de galones de agua anuales.
- Cambio de operador tecnológico: Reportes locales indicaron que Amazon Web Services (AWS) abandonó sus planes para operar el complejo debido a su incompatibilidad con el nuevo sistema de enfriamiento por aire (implementado para reducir el gasto hídrico). Actualmente, los desarrolladores negocian con Meta para asumir el control de las operaciones.
Moratoria en el horizonte del Condado
La batalla comunitaria encabezada por organizaciones como la No Desert Data Coalition se ha trasladado ahora al plano del condado. Tras las protestas de ciudadanos que denuncian aumentos del 14% en los recibos de luz y recortes severos en el suministro del río Colorado, la Junta de Supervisores del Condado de Pima tiene previsto evaluar esta misma semana una moratoria temporal de 120 días para congelar cualquier nueva construcción en zonas no incorporadas, mientras se equiparan las leyes de zonificación con las aprobadas por la ciudad de Tucson.
