La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó formalmente este lunes revisar la restrictiva legislación de Arizona que obliga a los votantes a presentar una prueba documental de ciudadanía para poder registrarse y sufragar. La admisión del caso, caratulado como Comité Nacional Republicano contra Mi Familia Vota, reabre un debate crucial sobre los límites del control estatal en los procesos electorales y las normativas de identidad.
El litigio escaló hasta el máximo tribunal tras una serie de fallos divididos en instancias inferiores. La defensa del Comité Nacional Republicano (RNC) busca validar de forma definitiva la ley aprobada en 2022, la cual exige documentos físicos —como pasaportes, actas de nacimiento o certificados de naturalización— para el registro. Asimismo, el tribunal evaluará si el estado tiene la facultad de depurar de los padrones a presuntos no ciudadanos dentro de los 90 días previos a una elección federal.
La controversia legal se centra en si las normativas de Arizona violan la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA). Esta ley federal establece que una declaración bajo juramento es suficiente para inscribirse en los padrones. Organizaciones de derechos civiles, lideradas por Mi Familia Vota, argumentan que la medida estatal no busca proteger la seguridad de las urnas, sino crear barreras burocráticas que excluyen de manera desproporcionada a las minorías.
Tras una votación preliminar de 5 a 4 en 2024 que permitió aplicar el requisito de forma parcial solo en elecciones locales, los jueces abordarán el fondo del asunto en su próximo periodo judicial que inicia en octubre. El fallo final no solo definirá las reglas de votación en Arizona, sino que sentará un precedente definitivo para decenas de estados que buscan implementar restricciones electorales similares en todo el país.
