En los primeros resultados, los votantes de Tucson rechazaban un acuerdo que ampliaría el derecho de Tucson Electric Power a operar con mayor libertad en los derechos de paso de la ciudad y otorgaría a la ciudad 64 millones de dólares en financiación para la sostenibilidad.
Los resultados preliminares mostraron que el 54% de los votantes de Tucson se opusieron a la Proposición 421 y el 46% votaron a favor.
El acuerdo de franquicia otorgaría a Tucson Electric Power el derecho de dar servicio a líneas eléctricas e infraestructuras en las calles, callejones y zonas subterráneas de la ciudad con mayor facilidad. Es una disposición común, pero debe ser reaprobada por los votantes, y en mayo de 2023, los votantes de Tucson rechazaron una propuesta anterior.
La principal diferencia en la cuestión de la papeleta de este año fue un nuevo acuerdo de colaboración energética. Según ese acuerdo, TEP otorgaría 2 millones de dólares a Tucson el primer año, y un 2% más cada año, para proyectos de sostenibilidad e infraestructuras, incluyendo asistencia para facturas para hogares de bajos ingresos, aumento del dosel arbóreo y almacenamiento solar y en baterías.
Al final del acuerdo de 25 años, el total sería de 64 millones de dólares, todos de las arcas de la empresa y no pagados por los contribuyentes.
Tucson Electric Power promovió intensamente el acuerdo de franquicia, contribuyendo con 4,3 millones de dólares a TEP for Tucson, un comité de acción política que produjo anuncios y otros materiales de campaña a favor del tema de las papeletas. La alcaldesa Regina Romero y la mayoría de los miembros del Ayuntamiento de Tucson también la apoyaron.
Un grupo llamado Public Power for Tucson hizo campaña en contra del acuerdo de franquicia, argumentando que 25 años es demasiado tiempo y que el acuerdo de colaboración energética equivale a un pequeño soborno de una empresa canadiense que obtiene grandes beneficios de los contribuyentes de Tucson. La campaña gastó menos de los 1.600 dólares que habrían requerido las solicitudes de financiación de campañas, dijo Lee Ziesche, quien ayudó a liderar la campaña de Public Power.
El grupo apoya un esfuerzo para arrebatar el control de TEP a Fortis, su empresa matriz, y convertir la infraestructura eléctrica dentro de los límites de la ciudad en una empresa pública de propiedad y gestión pública.
La elección del sufragio se está celebrando en medio de un caso de tarifas ante la Comisión de Corporaciones de Arizona que comenzó a mediados de 2025, aunque no está directamente relacionado con, un caso de tarifas ante la Comisión de Corporaciones de Arizona. La compañía eléctrica solicitó inicialmente un aumento del 14% en la tarifa, pero lo redujo y, tras una reciente sentencia de un juez administrativo la semana pasada, dijo que buscaba un aumento del 9,8%.
“Estamos increíblemente emocionados”, dijo Ziesche. “Pensábamos que este sería el resultado, pero frente a 4,3 millones de dólares nunca se sabe. El TEP no pudo comprar las elecciones.”
