El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una polémica orden ejecutiva para cambiar de manera inmediata el nombre oficial del lago Ontario a “lago América” dentro de la jurisprudencia estadounidense. La sorpresiva medida, escenificada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, representa un nuevo y agresivo choque político que profundiza la guerra comercial y arancelaria en curso con el gobierno de Canadá, país con el que comparte este recurso hídrico binacional.
Flanqueado por mapas geográficos modificados bajo el lema “Hacer que los Grandes Lagos sean aún más grandes”, el mandatario estadounidense justificó la medida como un proyecto que venía analizando desde hace tiempo. Durante su comparecencia ante los medios, Trump sugirió la posibilidad de extender esta política de rebautizo a escalas mayores en el futuro: “Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora solo nos falta un océano. Tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Tal vez cambiemos el nombre de ambos”.
Alcance administrativo y límites legales
A pesar de la contundencia del anuncio presidencial, analistas jurídicos y autoridades cartográficas han precisado el verdadero impacto que tendrá el decreto ejecutivo:
- Modificación administrativa interna: El cambio de nomenclatura tiene validez estrictamente federal dentro de los límites de EE. UU.. La orden instruye a la Junta de Nombres Geográficos a actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) en un plazo de 30 días, obligando a todas las agencias gubernamentales a usar el término “lago América” en mapas oficiales, contratos y documentos internos.
- Precedente geográfico: Esta no es una estrategia inédita para la administración de Trump. Al comenzar su actual mandato presidencial en enero de 2025, ejecutó una acción idéntica al decretar de forma unilateral el cambio de denominación del Golfo de México, pasando a llamarlo bajo la cartografía estadounidense como el “Golfo de América”.
- Sin jurisdicción internacional: Al tratarse de un cuerpo de agua compartido, los expertos recuerdan que la orden de la Casa Blanca carece de poder legal para forzar modificaciones en territorio soberano de Canadá, en organismos marítimos internacionales o en empresas globales de navegación.
Rotundo rechazo desde Ottawa
La reacción del gobierno de Canadá no se ha hecho esperar. El primer ministro, Mark Carney, rechazó tajantemente el decreto estadounidense y puntualizó que el término original Ontario procede de la palabra indígena wendat Ontari’io (“lago hermoso”), una denominación histórica asentada siglos antes de la existencia de ambas naciones. Carney zanjó la disputa simbólica asegurando que para la provincia de Ontario y el resto de la población canadiense el cuerpo de agua conservará su identidad original de forma inalterable.
